(CNP 20.822) – Pescadores del municipio
Tubores pedirán a la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional
que se abra una investigación al diputado por el PSUV, William Fariñas, ya que
en su responsabilidad estaba la construcción de la planta procesadora de
pescado en la localidad de Punta de Piedras y ésta no se ha ejecutado.
Está información fue suministrada por Gustavo
Guerra, dirigente del partido Primero Justicia en esta jurisdicción, quien
destacó que el proyecto fue firmado por los gobiernos de Venezuela e Italia, el
26 de enero de 2007, donde suscribieron
en la Isla de Margarita convenios de cooperación para instalar en un corto
plazo dicha planta procesadora de pescado.
Guerra manifestó que este convenio fue firmado
por William Fariñas, en representación del Gobierno Nacional, cuando éste
ejercía como presidente del Fondo de Crédito Industrial (Foncrei) y quien había
explicado que la ejecución del proyecto requeriría una inversión de 30
millardos de bolívares.
"Se agarraron los reales y nos dejaron
esperando, teníamos muchas expectativas, porque ahí podríamos vender los
productos marinos de nuestros pescadores", sentenció Guerra, quien además
agregó que “la opción más factible y económica era adquirir la sede de
Alimentos El Faro, empresa privada que se vio obligada a cerrar cuando el
gobierno nacional le expropió las embarcaciones para enviarlas a la planta procesadora
La Gaviota, en el estado Sucre”.
Denunció que han pasado más de siete años, y
en el terreno destinado a la ejecución del proyecto se encuentra totalmente
desolado, “solamente quedaba la valla en la que se dan detalles de la obra, pero
está fue retirada”.
Guerra aseguró que Fariñas anunció, en aquella
oportunidad, que los recursos para la ejecución de la obra estarían disponibles
a partir del mes de abril del 2007 beneficiando así más de 1.200 pescadores de los municipios
Tubores y Península de Macanao. “
El diputado Fariñas
explicó dos años después, que el retraso en la construcción de la planta se
debía a la discusión planteada sobre las formas de propiedad, entre ellas la
social, la cual estuvo prevista en la reforma de la Constitución y fue
rechazada por la mayoría de los venezolanos.
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